CARACAS.– Roberto Orta Martínez, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela –CIV-, opina que debe darse un acercamiento entre sector público y privado para impulsar reformas a las leyes del sector inmobiliario.
“Si ese acercamiento, que en caso de la CIV se está dando a través del ministerio de la Vivienda, podrían haber cambios en la estructura legal que nos permita el desarrollo del sector inmobiliario”, enfatizó en entrevista con Eduardo Rodríguez en el espacio A Tiempo de Unión Radio.
Destacó que otro obstáculo ha sido la modificación en la Ley de Registros y Notarías y se ajustó el valor máximo de 0,5 % a 2 % del precio de venta, pero en la práctica ese cálculo «esa discrecionalidad viene significando que el usuario viene pagando el 5, 10, 15 o 20º % y eso se vuelve un verdadero problema”.
“Hemos solicitado audiencia con el director del Saren hasta ahora no hemos recibido respuesta y hemos planteado ese tema como vital para todo el sector inmobiliario porque está generando dificultades para las negociaciones”, acotó.
Señaló que al final de la pandemia se ha ido recuperando la apertura de tiendas en el sector comercial “principalmente a puerta de calle y los centros comerciales también se están recuperando de manera lenta”.
Destacó la importancia de la devolución a sus propietarios del Centro Comercial Sambil en La Candelaria después de una larga expropiación por parte del Estado. “Un hito importante, fue una propiedad que se ocupó temporalmente por parte del Ejecutivo, pero la devolución es puntual porque hay muchas propiedades por devolver”.
Repetirlo y hacerlo de manera sostenida sería un mensaje muy claro y que daría mucha confianza a los inversionistas, tanto a los venezolanos como a los extranjeros”, enfatizó.
Asimismo, resaltó que hay dos zonas donde se está observando un repunte inmobiliario. “En Lecherías, estado Anzoátegui, donde hay un movimiento especial de transacciones en las viviendas, la otra es el municipio Baruta, en Las Mercedes, donde hay muchos proyectos en construcción, estamos hablando de 73, aunque no hay una demanda para ocupar todas esas oficinas, están en espera, ahí es donde el arrendamiento juega un papel preponderante”.
En cuanto al alquiler de apartamentos, señaló que sería necesaria una reforma de la Ley de Arrendamiento Inmobiliario. “Todas estas viviendas de personas que viven en el exterior, que están desocupadas, podrían entrar de manera masiva en oferta, pero hace falta la reforma de la ley que establezca un procedimiento claro”.
Ratificó que la CIV ya hizo las propuestas “y esperamos que ese acercamiento entre el sector público y privado en materia inmobiliaria de pasos concretos, no solo en la estructura legal, sino también en la Bolsa de Valores, mientras la banca y todo el tema macroeconómico se normalice porque somos prácticamente el único país de Latinoamérica que no tiene acceso a créditos”.
Cuestiona que en la ley de 2011 existe una sobre regulación que somete a los involucrados “a un procedimiento muy complicado que no se está cumpliendo”.
Criticó la Ley contra la Estafa Inmobiliaria porque alejó a los constructores venezolanos la construcción de viviendas para la clase media y prácticamente los llevó hacia el sector en los centros comerciales. “Pensamos que modificando esa ley y protegiendo al comprador de un proyecto en construcción, pero dando condiciones para que se dinamice” hacia la clase media.
Opina que se debe equilibrar el derecho de los ciudadanos a una vivienda digna. “Si hay reglas claras para inversionistas y propietarios sobre el derecho a la propiedad que es un derecho humano”.
Puntualizó que “una de las metas es la profesionalización del sector. Graduamos la semana pasada 172 profesionales universitarios en la UCAB a nivel de postgrado y diplomado y tenemos una segunda graduación con 400 alumnos más”.
Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio
