GUAYAQUIL.- Organizaciones de mujeres y de derechos humanos de Ecuador rechazaron este miércoles la decisión de la Fiscalía de abstenerse de acusar a los seis militares procesados por el presunto feminicidio de la subteniente Aidita Ati dentro de un cuartel militar, lo que derivaría en el archivo del caso, y exigieron al Estado «justicia, verdad y reparación».
«Un caso tan grave y sensible, ocurrido en instalaciones militares y en un contexto de supuesto ‘conflicto armado no internacional’, no puede cerrarse mientras persisten profundas contradicciones y errores evidentes en la investigación», señalaron once organizaciones en un comunicado.
Ati apareció muerta el pasado 29 de junio en el cuartel Fuerte Militar Napo, en la provincia amazónica de Orellana (este), y tras un primer examen médico se determinó que su cuerpo presentaba varias lesiones y que se observaba «un presunto abuso sexual con fisuras» en sus partes íntimas.
Sin embargo, tras la exhumación de su cuerpo, un segundo informe forense de la defensa concluyó que la causa de su muerte fue un edema pulmonar, lo que despertó dudas sobre las circunstancias que rodearon su fallecimiento. El caso se elevó a la Fiscalía de Orellana para que emita un pronunciamiento.
El abogado de la familia Ati, Galo Quiñones, dijo el martes a EFE que la Fiscalía de Orellana decidió abstenerse de acusar a los imputados y ratificar el dictamen que ya había emitido semanas antes una fiscal de Quito, con base en el segundo informe pericial que señala que la subteniente falleció por una intoxicación alcohólica.
Por lo que planean otras acciones legales como una denuncia por fraude procesal e incluso llevarlo hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para que el caso «no quede en la impunidad».
Para las organizaciones de mujeres, la resolución fiscal «refleja negligencia en la investigación, muestra una desestimación de pruebas críticas y genera serias dudas sobre las circunstancias de su muerte, un hecho que ha sido tratado de manera inadmisible bajo el manto del silencio y el encubrimiento institucional».
Señalaron que el Estado «le debe respuestas a la familia Ati Gavilánez», ya que consideran que «no es posible que se cierre una investigación realizada sin enfoque de género y sin aplicar de manera idónea el protocolo nacional para investigar femicidios». Agregaron que no ha habido explicaciones «coherentes» sobre por qué «se permitió el consumo de alcohol en instalaciones militares» ni sobre «el grado de responsabilidad de todos los superiores en la permisividad del evento».
También cuestionaron las contradicciones que existen entre los dos informes forenses que se realizaron y dijeron que «las evaluaciones físicas y psicológicas a los investigados arrojan datos incongruentes».
«Esta resolución no puede ser tomada como una ‘victoria’ de justicia que declara inocentes, sino como una evidencia de la violencia institucional ejercida por un Estado feminicida que sigue perpetuando la impunidad», señalaron los movimientos sociales.
Además, exigieron a la Asamblea Nacional (Parlamento), al Consejo de la Judicatura y a la Defensoría del Pueblo que identifiquen «las negligencias cometidas en la investigación», determinen responsabilidades institucionales y «esclarezcan las omisiones, complicidades y posibles encubrimientos que rodean este proceso».
EFE
