LIMA.- El Gobierno de Perú no pretende dejar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, aunque considera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) emitió una resolución que «se extralimita jurídica y políticamente«, al ordenar que no se apruebe una ley sobre delitos de lesa humanidad, afirmó el Canciller peruano, Javier González-Olaechea.
«El gobierno peruano no tiene esa pretensión«, remarcó el ministro en declaraciones publicadas este domingo por el diario El Comercio.
González-Olaechea dijo que no ha abordado «esta posibilidad, de forma explícita» con la presidenta Dina Boluarte. Añadió que «la resolución emitida por la CorteIDH el pasado 1 de julio«. «Se extralimita política y jurídicamente en todos sus alcances» y no le ha dado a Perú «margen para una respuesta más diplomática«.
«Hemos rechazado, en la forma más clara posible, el intento de la corte de convertirse en un poder del Estado peruano, como si fuera una cámara legisladora, o sustituirse en el Poder Judicial«, indicó.
Añadió que tras la comunicación de la corte ha recibido «varias llamadas de cancilleres de la región, que la consideran inapropiada, inaudita, con intenciones injerencistas«, aunque no reveló de qué países.
Al referirse a la polémica ley, que el Congreso aprobó en una segunda votación después de la resolución de la Corte IDH, indicó que tiene «una opinión personal» que expresará en el Consejo de Ministros «antes de hacerla de conocimiento de la opinión pública».
«La presidenta ha dicho que va a esperar que los actores involucrados emitan sus informes en el Consejo de Ministros. Después, se debatirá allí y, en el plazo de ley, se pronunciará», añadió.
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La semana pasada, Boluarte evitó responder si sancionará la ley aprobada por el Congreso que limita la aplicación y los alcances de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, que la Corte IDH pidió dejar sin efecto.
La norma plantea impedir que se procese en Perú a cualquier persona por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra ocurridos antes de 2002, por lo que, según los congresistas que la promovieron, beneficiará a centenares de militares y policías por delitos cometidos durante el conflicto armado interno.
La Corte IDH había requerido al Estado peruano que «tome las acciones necesarias» para que esta ley no entre en vigencia o se deje sin efecto, y pidió a Perú que, a más tardar, el 9 de agosto próximo presente un informe completo y detallado sobre el cumplimiento de esa orden.
Tras conocerse esa resolución, el primer ministro peruano, Gustavo Adrianzén, se declaró «absolutamente indignado» y consideró «que decide, de la manera más insólita, y sin que exista precedente alguno en la jurisprudencia de esa corte, dictar una medida cautelar en contra de un proyecto que ni siquiera se ha convertido en ley«.
EFE
