domingo, abril 21, 2024
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Autoridades brinda atención médica y jurídica a presos que iniciaron una huelga en Lara

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CARACAS.- La ministra de Servicios Penitenciarios de Venezuela, Celsa Bautista, informó este miércoles que los presos de una cárcel ubicada en el estado Lara recibieron atención médica y jurídica, luego de que empezara una huelga para exigir la destitución del director por presuntos atropellos y malos tratos.

Asimismo, dijo que los reos de la Comunidad Penitenciaria Fénix recibieron atención médica, con jornadas de vacunación y entrega de medicamentos.

Bautista indicó que, a través de un equipo multidisciplinario del Ministerio de Servicios Penitenciarios, se mantiene activado un proceso para evaluaciones psicosociales de los privados de libertad de este recinto carcelario.

La ministra no ofreció detalles sobre la petición de los presos de destituir al director de la cárcel.

El pasado 21 de marzo, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que más de 1.800 presos de esta cárcel comenzaron una «huelga pacífica» para exigir la destitución del recinto por presuntos atropellos y malos tratos.

El OVP sostuvo, en una nota de prensa, que tuvo acceso a vídeos en los que los reclusos denunciaron que el director de la Comunidad Penitenciaria Fénix «no les da tregua porque los obligó a desnudarse para, posteriormente, ser concentrados en el patio bajo la inclemencia del sol».

La ONG dijo haber recibido denuncias sobre las fallas en el servicio de alimentación, así como en el acceso al agua potable en la cárcel.

«Por otra parte, se supo que, a diario, les hacen requisa a los presos, a quienes maltratan de forma verbal y psicológica cada vez que esto sucede. Muchos no tienen ni cepillo dental, crema o jabón porque se los han botado en estas revisiones que los familiares califican como abusivas», agregó.

En enero, autoridades de las carteras de Servicio Penitenciario y de Interior y Justicia evaluaron, durante una reunión, líneas estratégicas para fortalecer el sistema carcelario y garantizar la atención integral a los reclusos, enfocadas en «el respeto de los derechos humanos y el bienestar de los privados de libertad», informó entonces el Gobierno.

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